Nueve mil millones de pesetas han movido en España los piratas del vídeo durante los últimos dos años. La comercialización clandestina de películas provoca, además de un grave perjuicio a las productoras y distribuidoras cinematográficas por los derechos intelectuales e industriales que dejan de percibir, una importante crisis a las salas de proyección. Cuatrocientos cines se han visto obligados a cerrar en el curso de un año tras un balance global de pérdidas cifrado en 2.000 millones de pesetas. A la espera de una nueva legislación que contemple con más realidad este fenómeno propio de la era de la electrónica, la piratería videográfica, aunque perseguida, continúa sin penalización coherente: prisión menor en su grado mínimo es la sentencia más alta impuesta hasta ahora. Veamos los datos.
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