Los fondos públicos destinados a la construcción de obra pública deben ser manejados prudentemente por los funcionarios encargados del estado costarricense, con el fin de transformarlos en infraestructura social y económica al servicio del país. Para ello, es necesaria una verdadera planificación integral que garantice la funcionalidad de los servicios a brindar, y que considere un sano proceso de factibilidad, diseño y construcción, carente de situaciones que no sean realmente justificables e imprevisibles
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