El presente artículo aborda el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como el “Tratado de Escazú”. La primera parte está destinada a relevar los principales fundamentos que llevaron a Chile a proponer un instrumento de cooperación regional relativo a estos derechos de acceso que configuran la denominada democracia ambiental. Se resalta entonces la crisis socio ambiental, los antecedentes del tema a nivel internacional así́ como el reconocimiento respecto a que, a pesar de los avances en las últimas décadas, persistían importantes brechas que justificaban un actuar mancomunado de los países. A continuación se describen los aspectos claves de esta negociación destacando sus modalidades inéditas de participación y transparencia que otorgaron legitimidad al proceso. Asimismo, se valora como no se trata sólo de un tratado que permitirá alcanzar objetivos sobre medio ambiente. Así, el artículo subraya el enfoque de derechos y equidad de sus disposiciones que lo convierten en un acuerdo sobre derechos humanos indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. Finalmente se apela a que nuestro país reconozca que no existe una plena implementación de los derechos de acceso y prontamente firme, ratifique e implemente el primer acuerdo vinculante ambiental de Latino América y el Caribe. Y con ello retome la consistencia y coherencia de su política internacional y además honre el liderazgo que por primera vez había alcanzado en el ámbito internacional de la sustentabilidad.
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