La automedicación es una práctica común en muchos países. En algunos casos esta automedicación de alguna manera asegura el tratamiento donde la cobertura de salud es deficitaria y los costos de la atención médica no guardan una adecuada relación con las posibilidades de la población. Asimismo, la falta de medidas educativas e ideas erróneas comunicadas a través de medios inadecuados (1), entre otros factores traen consigo patrones errados de consumo de medicamentos. En el caso de nuestro país hay un riesgo potencial añadido, atribuible a un control de calidad prácticamente inexistente debido a la dación de dispositivos que reemplazan los exámenes de calidad por la simple declaración jurada emitida por el fabricante, importador o comercializador de estos productos (2, 3). Aquí se da el caso de que una persona puede consumir un medicamento inútil para su tratamiento, de pésima calidad, y sin el control médico respectivo de efectos secundarios o toxicidad.
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