La reforma que le dio vida política e institucional a la elección popular de los alcaldes en Colombia se gestó en buena medida como efecto reflejo, aunque tardío, del movimiento descentralistaque se ha venido desarrollando desde hace dos décadas en la gran mayoría de países de Europa occidental y América Latina (1). Perotambién se foijó, y esa es su peculiaridad, como una respuesta del régimen dirigida a adecuar las inmóviles instituciones frente a lanueva y conflictiva geografía económica y social que se ha venido conformando en el país en los últimos treinta años. Consideraciones de carácter fundamentalmente político, asociadas con la necesidad de preservar y ampliar la legitimidad del sistema, condujeron a que se impulsara la reforma municipal.
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