El principio de progresividad, también conocido como de no regresividad, es una garantía surgida del ordenamiento jurídico internacional que se encamina a preservar y potenciar los alcances de los derechos sociales, además de ser una guía para la producción legislativa. En el caso particular del derecho del trabajo, dicho principio, responde a la lógica de configuración de las libertades y garantías conquistadas por la clase obrera a través de su largo repertorio de luchas históricas. Sin embargo, en Colombia a partir de la última década del siglo pasado, y como consecuencia de la apertura económica inherente a la globalización capitalista, se vienen impulsando cambios legislativos que han ido en detrimento de los logros relativos a las condiciones mínimas de un trabajo digno como lo son la estabilidad, la justicia salarial, las prestaciones sociales y la protección en la enfermedad y la vejez. En este sentido, la Ley 789 de 2002, creada con el noble objetivo de impulsar la creación de miles de puestos de trabajo, terminó demostrando la poca valoración que el Estado colombiano le da al principio de progresividad y subrayó una línea legislativa poco favorable a los intereses de los empleados que comenzara a definir la Ley 50 de 1990. Con motivo de los 20 años de vigencia de la Ley 789, y considerando el menoscabo que su aplicación produjo a los derechos de los trabajadores colombianos, este artículo pretende mantener vivo el debate entorno al sentido del principio de progresividad a fin de evitar futuras conculcaciones a las conquistas históricas de la clase obrera.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados