Argentina
En las últimas décadas, el desarrollo progresivo de las ciudades fue en base a dinámicas económicas, lo que ha significado una creciente afluencia de capital de inversión al sector inmobiliario. Ello motivó el crecimiento del área urbanizada, la retracción de la actividad rural productiva; las limitaciones al crecimiento de la actividad industrial; y el surgimiento de nuevas relaciones metropolitanas. Entendemos que, frente al crecimiento de la ciudad a partir de un continuo proceso urbanizador, en el que la forma de construir ciudades influye directamente sobre el medio ambiente urbano y la calidad de vida de sus ciudadanos, es fundamental el rol del derecho ambiental en la construcción de políticas públicas ambientales. Para ello, el Estado debe asumir la complejidad de los escenarios y la multiplicidad de actores involucrados y garantizar los derechos individuales y colectivos. El dinamismo de los aspectos económicos y sociales de la ciudad exige, entre otras cuestiones, que los gobiernos locales no confundan el concepto de desarrollo sostenible con el de crecimiento sostenible. Pues, la sostenibilidad debe estar basada en la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes, pero sin perjudicar la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
El presente artículo tiene por objeto analizar la facultad de la Administración Pública local para revocar las autorizaciones ambientales otorgadas a proyectos urbanísticos que tienen por finalidad alcanzar un mayor aprovechamiento del suelo urbano y no cumplen con los requisitos reglamentados por el ordenamiento jurídico vigente. Tal medida constituye una herramienta que adopta la Administración como medida de policía y disciplina urbanística, garantizando así el derecho de los ciudadanos al desarrollo sostenible de la ciudad.
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