La empresa militar de la conquista de Nápoles requirió de la monarquía aragonesa la búsqueda de nuevas fuentes de financiación con tanta urgencia como la reforma profunda de sus organismos hacendísticos. La dispersión territorial y administrativa de la Hacienda regia se combatió con el fortalecimiento de las competencias de la Tesorería General como órgano encargado de coordinar la política financiera de la Corona. Entre la Tesorería General y las instituciones hacendísticas de los distintos reinos integrantes del imperio de Alfonso V se establecieron intrincadas relaciones financieras y contables, ejemplificadas con el caso de la Bailía General de Valencia. Este proceso, enmarcado en otro más vasto de constitución del Estado moderno, modificó la naturaleza política y jurídica del Patrimonio de la Corona
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