En 1975 Lucila Aragó fue detenida y conducida a la Dirección General de Seguridad de Valencia. Allí fue torturada por agentes de la Brigada Político Social durante nueve días, pese a que el tope para la privación de libertad era de cinco. Pertenecía al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, el FRAP. La acusaban de terrorismo. En el mismo edificio donde hoy está la Jefatura Superior de Policía, y que no luce ninguna placa en recuerdo, Lucila sufrió interrogatorios continuados, patadas en las piernas, puñetazos en la espalda. A veces los policías hacían “el corro”, y se iban pasando su cuerpo de unos a otros a empujones. Otras la tumbaban sobre una silla apoyada en la zona lumbar para que permaneciera de manera horizontal. En esa dificultosa posición le pegaban golpes en la planta de los pies.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados