Influencia de la declaración en sede policial del detenido en relación a los delitos contra la seguridad vial

• Autores: Héctor Manuel Fuertes Miguélez
• Localización: Revista de Investigación CUGC, ISSN-e 2444-6556, Nº. 16, 2023 (Ejemplar dedicado a: Seguridad vial y tráfico)
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    El criterio jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo en nuestro país, no ha sido homogéneo ni pacífico en cuanto a la validez, incorporación y relevancia de la declaración de investigados y detenidos realizada en sede policial, aunque por el tipo de delitos que aquí se va a tratar contra la Seguridad vial, en muchas ocasiones van a ser tomadas en el lugar de los hechos por los Equipos de Atestados. Tampoco ha existido un concreto y acabado marco legal, que pudiese definir taxativamente aquellos aspectos y formalidades sobre su realización por la policía judicial, que en este trabajo es llevado a cabo por los instructores de Atestados y los grupos GIAT. Ello ha conllevado que los diferentes Tribunales y órganos juzgadores, hayan abordado de diferente forma esta materia a la hora de resolver los procedimientos penales y dictar sentencias al respecto, acogiéndose a unas u otras tesis, principalmente en función de la corriente jurisprudencial preponderante en el lapso temporal concreto. Evidentemente el problema principal surge cuando el encausado evita ratificar aquella primera declaración policial o rectifica la misma, que en algunos casos contienen elementos de máxima relevancia para la investigación y el conocimiento de las circunstancias del hecho delictivo. Afortunadamente la jurisprudencia ha evolucionado hacia la concreción, principalmente en la última década y a pesar de que el criterio del Tribunal Supremo, manifestado en lo que aquí interesa en forma de Acuerdos, no vincula a Jueces y Tribunales, los últimos años las reglas parecen estar más claras, permitiendo éstas orientar las funciones de la policía judicial.

  • English

    The jurisprudential criteria of both the Constitutional Court and the Supreme Court in our country have not been homogeneous or peaceful in terms of the validity, incorporation and relevance of the declaration of those investigated and detained made at police headquarters, although due to the type of crimes that here it will be dealt with against road safety, on many occasions they will be taken at the scene by the Crowd Teams. Nor has there been a concrete and finished legal framework, which could exhaustively define those aspects and formalities regarding their performance by the judicial police, which in this work is carried out by the instructors of the GIAT Group Reports. This has meant that the different Courts and judging bodies have addressed this matter differently when resolving criminal proceedings and issuing sentences in this regard, relying on one or the other theses, mainly depending on the prevailing jurisprudential current in the period concrete temporary. Obviously, the main problem arises when the defendant avoids ratifying that first police statement or rectifies it, which in some cases contain elements of maximum relevance for the investigation and knowledge of the circumstances of the criminal act. Fortunately, jurisprudence has evolved towards concretion, mainly in the last decade and despite the fact that the criteria of the Supreme Court, manifested in what is of interest here in the form of Agreements, does not bind Judges and Courts, in recent years the rules seem to be more clear, allowing them to guide the functions of the judicial police.