La democracia se mide por el grado de participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión, no sólo aquellos que son procedimentales, sino en los que se requiere la acción propia de las personas. A pesar de la importancia de los procesos participativos, así como la dedicación de tiempo y recursos económicos que brindan los Estados a la formulación de política pública relacionada a la atención del cambio climático, en muchas poblaciones latinoamericanas, estas perciben que los procesos no son aptos, suficientes o eficientes. Si bien es cierto que, desde el Gobierno, deben promoverse estos espacios y ejecutarse acciones que fortalezcan las habilidades ciudadanas, así como las capacidades institucionales y el cuerpo normativo para lograr procesos participativos de peso, como ciudadanía debemos cuestionarnos si realmente estamos demandando estos espacios de la mejor manera y en los casos donde existen, si estamos haciendo un uso correcto, provechoso y estratégico. La información, la emisión de criterios asertivos y la intervención activa, son niveles de participación que idealmente siempre deberían estar presentes, fortaleciendo tanto las estructuras, como el accionar para la gobernanza, en búsqueda del bien común. Las formas más evolucionadas de solución de conflictos deben tener claro que la democracia no es igual a la unanimidad, y que estos procesos más bien buscan puntos en común dentro del pluralismo. Un debilitamiento en los procesos participativos puede provocar un debilitamiento de la democracia, un mal manejo de los bienes y servicios públicos, y por ende la “privatización del Estado”. Esto implica que, como ciudadanía debemos aprender a informarnos, a tener claros nuestros intereses, a dialogar y negociar en búsqueda de acuerdos, y a considerar, por tanto, a las diversidades de opiniones en el proceso.
Democracy is measured by the degree of citizen participation in decision-making processes, not only those that are procedural, but also those that require people own action. Despite the importance of participatory processes, as well as the dedication of time and economic resources provided by States to the formulation of public policy related to addressing climate change, in many Latin American populations, they perceive that the processes are not suitable, sufficient or efficient. While it is true that, from the Government, these spaces should be promoted and actions taken to strengthen citizen skills, as well as institutional capacities and the regulatory body to achieve participatory processes of weight, as citizenship we must question whether we are really demanding these spaces of the best way and in the cases where they exist, if we are making a correct, profitable and strategic use. The information, the issuance of assertive criteria, and an active intervention, are levels of participation that ideally should always be present, strengthening both the structures and the actions for governance, in search of the common good. The most evolved forms of conflict resolution should be clear that democracy is not equal to the unanimity, and that these processes rather seek common ground in pluralism. A weakening of participatory processes can cause a weakening of democracy, poor management of public goods and services, and therefore the privatization of the State. This implies that as citizens we must learn to inform ourselves, to be clear about our interests, to dialogue and negotiate in search of agreements, and to consider, therefore, the diversity of opinions in the process.
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