El Derecho Constitucional que protege el patrimonio cultural inmaterial de un pueblo no sólo se opone a la destrucción de obras de arte de especial valor, al robo de artefactos culturales y de antigüedades de relevante mérito histórico o artístico, o a las excavaciones ilícitas y la mutilación de monumentos arqueológicos, también es capaz de potenciar la autonomía de las universidades e instituciones educativas en la región. Este artículo investiga el caso de un sistema educacional, una escuela integral, un modelo educativo protegido constitucionalmente desde lo cultural patrimonial, se trata del Instituto de Educación Integral y Formación Artística “Eduardo Laredo” de Bolivia, declarado “Patrimonio Cultural Inmaterial de Bolivia” el 2011 y, diez años después, “Patrimonio Cultural y Educativo de la Región Andina” en junio de 2021, por el Parlamento de Naciones de la Región Andina de Sudamérica.
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