Delimitación de la competencia del contencioso administrativo ambiental en la jurisprudencia de los tribunales ambientales

• Álvaro Dorta Phillips ^[1] ; Eduardo König Rojas ^[1]
  1. [1] Universidad de Chile

     Universidad de Chile

     Santiago, Chile

     
• Localización: Revista de estudios de la justicia, ISSN 0718-4735, Nº. 39, 2023, págs. 107-132
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Delimitation of the competence of the environmental administrative litigation in the jurisprudence of the environmental courts
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• Resumen
  • español

    En Chile la impugnación judicial de los actos administrativos del Estado se rige por tres mecanismos establecidos en su ordenamiento jurídico. En primer lugar, se encuentran las acciones especiales contempladas en la ley cuya competencia corresponde a los tribunales ordinarios. En segundo lugar, se contemplan las acciones especiales contempladas en la ley cuya competencia corresponde a los tribunales especiales. En tercer lugar, se pueden interponer acciones constitucionales ante tribunales ordinarios.

    En este contexto surgen dudas en cuanto a la categorización de ciertos actos administrativos, especialmente aquellos de carácter ambiental, ya que no existe una clara definición legal al respecto. Esta falta de claridad legislativa conlleva incertidumbre acerca de si ciertos actos deben ser impugnados ante tribunales ordinarios a través de acciones constitucionales o si deben seguir el proceso de acción general de reclamación ambiental establecido en el artículo 17 número 8 de la Ley 20.600. En ausencia de una respuesta precisa en la ley, los jueces han debido abordar esta cuestión en su jurisprudencia.

    Esta situación plantea el riesgo de futuras contiendas de competencia ya que dos tipos de tribunales podrían declararse competentes para resolver los mismos casos. En este contexto, los tribunales ambientales han tomado la iniciativa de atribuirse idoneidad para conocer casos en los que exista esta incertidumbre con el objetivo de garantizar un acceso más amplio a la justicia ambiental

  • English

    The judicial challenge of administrative acts of the State in Chile is governed by three mechanisms established in the country’s legal system. In the first place, there are the special actions contemplated in the law, whose competence corresponds to the ordinary courts. Second, there are the special actions contemplated in the law, the jurisdiction of which corresponds to the special courts. Thirdly, constitutional actions may be brought before ordinary courts. In this context, doubts arise as to the categorization of certain administrative acts, especially those of an environmental nature, since there is no clear legal definition in this respect. This lack of legislative clarity has led to uncertainty as to whether certain acts must be challenged before ordinary courts through constitutional actions or whether they must follow the general environmental claim action process, established in Article 17 N° 8 of Law N° 20,600. In the absence of a precise answer in the law, judges have had to address this question in their jurisprudence. This situation poses the risk of future jurisdictional disputes, as two types of courts could declare themselves competent to resolve the same cases. In this context, the Environmental Courts has taken the initiative to grant itself jurisdiction to hear cases in which this uncertainty exists, with the aim of ensuring broader access to environmental justice