Se remonta a diciembre de 2017 y a la precursora acta de liquidación de cuotas ala seguridad social, levantada por la Inspección Provincial de Trabajo y SeguridadSocial de Valencia contra la empresa Deliveroo y la falta de alta en el RégimenGeneral de la Seguridad Social de sus repartidores o mensajeros, los llamados riders.Se sucedieron actuaciones inspectoras posteriores en el mismo sentido, así comodiversos pronunciamientos judiciales, hasta que finalmente en septiembre de 2020el Tribunal Supremo declaró la existencia de relación laboral entre la empresa Glovoy un repartidor.En el mapa legislativo se negociaron distintas modificaciones legislativas queculminaron en septiembre de 2021 con la pionera «Ley Rider» y los retoques delEstatuto de los Trabajadores, la «Ley Penal Glovo» incorporando un nuevo tipopenal en materia laboral en el Código Penal en diciembre de 2022, la relevantesupresión del procedimiento de oficio tras la Ley 3/2023, de 28 de febrero, deEmpleo, y los avances de una regulación común en plataformas digitales a nivelde la Unión Europea con una Directiva que previsiblemente verá la luz en 2024.Con este panorama administrativo, judicial y legislativo se abordará como lasgrandes empresas de reparto siguen entorpeciendo el mercado de trabajo, haciendoun uso perverso de la tecnología, provocando una incipiente precariedad laboral enel sector del reparto, a pesar de la encomiable laboral de la Inspección de Trabajoy Seguridad Social. La normativa ha mutado para adaptarse a este acontecimientoeconómico y social, y, sin embargo, persisten los subterfugios de la laboralidad
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