Ochocientos mil españoles, en su mayoría jóvenes, comienzan estos días el curso universitario, afectados por unos criterios de acceso cada vez más restrictivos, pero que continúan sin resolver los problemas de masificación y deterioro de la calidad de la enseñanza. La progresiva aplicación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y la particular política del ministro de Educación, José María Maravall, hundirán este curso un poco más a la universidad pública española.
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