El reto de civilizar los mercados de la vivienda en consideración a los consumidores vulnerables

• Autores: María Belén Sáinz-Cantero Caparrós
• Localización: La Ley Derecho de Familia: Revista jurídica sobre familia y menores, ISSN-e 2341-0566, Nº. 41, 2024, págs. 585-629
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en los términos dispuestos por la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda no significa esencialmente y, en primer término, que los poderes públicos a través de sus administraciones deban proveer, a quien lo necesite, de vivienda digna y adecuada donde vivir. Significa más bien este derecho, que los poderes públicos articularán medidas y actuarán para que el mercado, con sus leyes de funcionamiento, y los titulares de derechos sobre las viviendas en el ejercicio de sus facultades, no impidan o excluyan del acceso a la vivienda digna y adecuada a quienes no puedan procurársela por sus propios medios. El derecho subjetivo a la vivienda, concretado en un derecho a no ser excluido del acceso a una vivienda digna y adecuada puede quedar de todos modos, y a pesar de ello, sin los instrumentos necesarios para ser efectivo. Como punto de partida ineludible debería el legislador estatal o autonómico respetar las leyes de mercado y la libertad, además de la propiedad como derecho fundamental. También responder a la necesaria existencia de un parque público de viviendas. Pero las necesidades que requieren reciprocidad no pueden reconducirse únicamente a lo privado o a lo público. La realidad es que ni la atribución, ni la gestión exclusivamente privada que se sostiene sobre los mecanismos de mercado, ni tampoco la pública, que pretende imponer la oferta de viviendas en arrendamiento, sean de titularidad pública o privada, son eficaces por si solas para garantizar la atribución y la gestión eficaz y adecuada de la vivienda, porque se trata de un bien «común». La solución al derecho subjetivo a la vivienda pasa por «civilizar» los mercados de la vivienda ofreciendo formas civiles de atribución y gestión de este bien cooperativas desde la perspectiva de la «comunidad».

  • English

    The right to enjoy decent and adequate housing, as provided under Law 12/2023 on the right to housing, does not essentially and primarily mean that public powers must offer decent and adequate housing to those who need it via their administrations. Rather, it means that public powers will take the actions and measures needed to ensure that the market, with its laws of operation, and the holders of housing rights in the exercise of their powers, do not prevent or exclude access to decent and adequate housing for those who cannot acquire it by their own means. In spite of this, the subjective right to housing, embodied in a right not to be excluded from access to a decent and adequate home, may still lack the instruments it needs to be effective. To start with, the state or regional legislator should naturally respect market laws as well as those governing freedom and property as a fundamental right. It should also respond to the need for a supply of public housing. But the needs that require reciprocity cannot be redirected solely to the private or the public sphere. The fact is that neither the attribution nor the exclusively private management that is based on market mechanisms, nor the public one that seeks to impose the supply of rental housing, be they publicly or privately owned, are effective on their own to guarantee the attribution as well as the effective and appropriate management of housing due to its status as “common” asset. The solution to the subjective right to housing involves “civilising” housing markets by offering civil forms of cooperative attribution and management of this asset from the standpoint of the “community”.