El derecho a la identidad, derecho fundamental y de la personalidad entroncado con la dignidad humana, pretende diferenciar a los individuos dentro de la sociedad como seres únicos. En el controvertido convenio de gestación por sustitución este derecho a la identidad también debe ser protegido y garantizado, derivando, esencialmente, el derecho a un nombre, a unos apellidos y a una nacionalidad desde el momento del nacimiento. Estos derechos primigenios están reconocidos expresamente, entre otras normativas, por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y por la Carta Europea de los Derechos del Niño de 1992.
La admisión a trámite y la voluntad de resolver los distintos conflictos jurídicos derivados del convenio gestacional confirman su admisibilidad por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Así, en varias Sentencias y en un relevante Dictamen, este Tribunal determinó, de un lado, que la falta de reconocimiento de la filiación jurídica derivada de un convenio de gestación por sustitución vulnera el derecho del nacido a su vida privada y familiar (ex art. 8 CEDH), entendido como derecho a su identidad como derecho humano, sin olvidar la protección del interés superior del menor; y de otra parte, que debe facilitarse al así nacido el conocimiento de la existencia del convenio gestacional por le que nació y la identidad de la mujer que lo gestó.
La Sentencia del Tribunal Constitucional portugués de 24 de abril de 2018 - que examinó la constitucionalidad de la legislación portuguesa sobre el convenio gestacional-, destacó que la admisibilidad de una posible nulidad del convenio reproductivo y el anonimato de la mujer gestante serían contrarias al derecho a la identidad del así nacido.
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