La Corona en la España del siglo XXI se perfila como una institución constitucional eminentemente simbólica a la que apenas pueden adjudicársele unas atribuciones propiamente arbitrales o moderadoras. Su oportunidad y mantenimiento futuro en la sociedad sobre la que la magistratura unipersonal ejerce la jefatura del Estado depende de una racionalización absoluta que depure cualquier manifestación por parte de la Corona de actos o elecciones propias de trascendencia pública, así como de los resquicios que impidan el sometimiento pleno al Derecho de la institución y/o del comportamiento privado de sus circunstanciales ocupantes. La educación cívica en torno a la naturaleza meramente simbólica de la Corona aleja a toda la ciudadanía de futuras frustraciones colectivas derivadas de la sustitución de la forma de la jefatura del Estado actual por otra.
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