Sevilla, España
Durante la década de 1950, en la España franquista, el sindicalismo vertical fue objeto de controversia desde una perspectiva católica. Los dirigentes de los sindicatos trataron de legitimarse defendiendo su adecuación a la doctrina social de la Iglesia. Algunos sectores eclesiásticos avalaron esta pretensión, pero otros la rechazaron. Tanto los defensores de la catolicidad del verticalismo como los detractores de esta idea coincidían en que era necesario poner fin al sistema de reglamentaciones laborales elaboradas por el Ministerio de Trabajo y permitir autonomía a empresarios y trabajadores en la negociación de las condiciones de trabajo. Debido a ello, cuando en 1958 fue promulgada la Ley de Convenios Colectivos, los dirigentes verticalistas pensaron que finalizarían las críticas católicas a su modelo. Sin embargo, esta Ley, lejos de acabar con la controversia, provocó una escalada en la misma, con nuevas críticas, dirigidas ahora a la insuficiente representatividad de los sindicatos.
During the 1950s, in Francoist Spain, vertical syndicalism was the object of controversy from a Catholic perspective. The syndicate leaders tried to legitimize themselves by defending their conformity to the social doctrine of the Church. Some ecclesiastical sectors endorsed this claim, but others rejected it. Both the defenders of the catholicity of verticalism and the detractors agreed that it was necessary to put an end to the system of labor regulations drawn up by the Ministry of Labor and to allow autonomy to employers and workers in the negotiation of working conditions. As a result, when the Collective Bargaining Agreement Law was enacted in 1958, the verticalist leaders thought that it would put an end to Catholic criticism of their model. However, this Law, far from putting an end to the controversy, provoked an escalation of the same, with new criticisms, now directed at the insufficient representativeness of the unions.
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