La propuesta de reforma para el artículo 49 de la Constitución Española, destinada a mejorar los derechos de las personas con discapacidad, plantea dudas sobre su impacto práctico. Aunque se anuncia como un cambio sustantivo, la colaboración entre PSOE y PP genera escepticismo sobre la profundidad del compromiso. La inclusión de perspectivas feministas y atención a la accesibilidad son positivas, pero su traducción a mejoras concretas es incierta. Igualmente, la participación de la sociedad civil es alentadora, pero la historia política sugiere consensos estratégicos. La reforma refleja un intento de modernización constitucional, pero persisten interrogantes sobre su efectividad y si el consenso político será igualmente alcanzable en asuntos más complejos.
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