Después de un parto o de un aborto, la motivación para usar anticonceptivos puede ser alta, y para quienes tienen acceso limitado a un médico puede ser una oportunidad única para abordar la necesidad de anticoncepción.
Sumada a esta evidencia, está la necesidad de acceso a políticas sociosanitarias en salud sexual y reproductiva en una región donde aún mueren mujeres por embarazos no planificados, donde se observan cortos períodos intergenésicos, históricas de altas tasas de fertilidad y pobreza estructural sostenida, donde la “voluntad” de la mujer en algunos grupos sociales, en ocasiones no poco frecuentes, se encuentra supeditada a decisiones maritales y un acceso a los cuidados de la salud que evidencia demoras.
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