Hoy en día las políticas de recuperación y puesta en valor de la memoria histórica y colectiva a través, entre otras herramientas, de la documentación conservada en nuestros archivos, es algo fuera de toda discusión. En la normativa de los últimos años sobre memoria histórica y democrática, tanto a nivel estatal como autonómico, se destaca la importancia del documento como fuente de información y de garantía de los derechos de la ciudadanía. La ley estatal de Memoria Democrática de 2022 contempla la posibilidad de firmar convenios de colaboración con comunidades autónomas. En este sentido, hay que destacar a Andalucía como una Comunidad pionera en la materia, pues ya en el año 1993 se formalizaba un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía para elaborar una Guía de Fuentes para la Historia de Andalucía en la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, en Salamanca.
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