¿Es corrupción la actividad lobista? La respuesta penal frente al fenómeno lobby en el entorno de la Unión Europea

• Ma Concepción Pérez Villalobos ^[1]
  1. [1] Universidad de Granada

     Universidad de Granada

     Granada, España

     
• Localización: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, ISSN-e 1695-0194, Nº. 25, 2023
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Is lobbying corruption? The criminal law response to lobbying in the European Union context
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• Resumen
  • español

    El fenómeno lobista en la Unión Europea y en los Estados miembros, ha tenido un desarrollo importante en los últimos años. Si bien no es nuevo ni desconocido en los estados democráticos, en los que se considera una actividad legítima y necesaria, es preciso establecer acciones legislativas y de control sobre estos grupos de interés para evitar el riesgo de corrupción política. Hasta ahora, se han venido rigiendo por lo establecido en una serie de estándares construidos, en gran parte, sobre las prácticas comúnmente aceptadas y las reglas establecidas en las legislaciones existentes; pero la necesidad de someter estas actividades a las normas sobre transparencia, la exigencia de rendición de cuentas a quienes toman decisiones políticas y legislativas y el escaso tratamiento penal de estas conductas corruptas, obligan a replantearse el tratamiento de esta cuestión, aplicando criterios generales a nivel de la Unión.

  • English

    The lobbying phenomenon in the European Union and in the Member States has developed significantly in recent years. Although it is neither new nor unknown in democratic states, where it is seen as a legitimate and necessary activity, it is crucial to establish legislative and control actions regarding these interest groups in order to avoid the risk of political corruption. Until now, they have been guided by a series of standards based on the commonly accepted practices and the rules established in existing legislation; but the need to submit these activities to the rules on transparency, the demand for accountability to political and legislative decision-makers, and the poor criminal treatment of corrupt conduct, require a rethinking of the treatment of this issue, with general criteria to be applied at the EU level.