En Chile, el año 2018 fue promulgada la Ley de Educación Superior, ampliamente anhelada, debatida y acordada por los diversos actores públicos y privados del sistema, y cuyos orígenes se remontan a las demandas del movimiento estudiantil, que desde 2011 promovía transformaciones sustantivas en la educación superior chilena. Los cambios experimentados en materia de acceso, gobernanza, financiamiento y aseguramiento de la calidad demostraron ser altamente demandantes para las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica del país, que debieron asumir el desafío de adaptarse aceleradamente diseñando, implementando y evaluando planes y políticas que incorporaran las nuevas regulaciones, criterios y mecanismos definidos por el Estado dentro de sus proyectos educativos, con los consiguientes efectos en sus planes estratégicos institucionales.
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