El derecho de residencia de los trabajadores comunitarios en paro involuntario y el riesgo de indigencia

• Thais Guerrero Padrón ^[1]
  1. [1] Universidad de Cádiz

     Universidad de Cádiz

     Cádiz, España

     
• Localización: e-Revista Internacional de la Protección Social (e-RIPS), ISSN-e 2445-3269, Nº. Extra 1, 2023 (Ejemplar dedicado a: "Desafíos jurídicos de las nuevas realidades productivas: protección social y no discriminación" / Cristina Sánchez-Rodas Navarro (dir.)), págs. 111-130
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • The right of residence of involuntarily unemployed community workers and the risk of destitution
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  • Texto Completo Ejemplar
• Resumen
  • español

    Los ciudadanos comunitarios que ejercieron la libre circulación por razones laborales y en menos de un año han quedado en paro involuntario, sea por finalizar un contrato laboral a término o por una extinción contractual inesperada, quedan en una situación muy precaria si en los seis meses siguientes a la extinción no encuentran otra ocupación o empleo. Estos demandantes de empleo experimentan una degradación de su derecho de residencia que puede derivar, incluso, en la indigencia. En tales circunstancias, las acciones dirigidas a la reinserción laboral y un soporte económico como las prestaciones no contributivas de renta mínima, pueden ser la vía para favorecer la empleabilidad de estas personas en el Estado miembro de acogida. Sin embargo, la excepción al principio de igualdad de trato que permite al Estado rechazar su solicitud de asistencia social, debilita su derecho de residencia, hasta el punto que puede frustrar la libertad de circulación.

  • English

    EU citizens who have exercised free movement for work purposes and have become involuntarily unemployed in less than a year, either because of the end of a fixed-term contract or the unexpected termination of a contract, find themselves in a very precarious situation if they do not find another occupation or job within six months of termination. These jobseekers experience a downgrading of their right of residence, which can go as far as destitution. In such circumstances, actions aimed at reintegration into employment and financial support, such as non-contributory minimum income benefits, may be the way to promote the employability of these persons in the host Member State. However, the exception to the principle of equal treatment, which allows the State to reject their application for social assistance, undermines their right of residence to the extent that it may frustrate freedom of movement.