Madrid, España
Este artículo analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo español vinculada con el principio de buena administación en dos ámbitos. El primero es la interacción entre el procedimiento de apremio y otras actuaciones vinculadas con la recaudación, como la gestión de aplazamientos, fraccionamientos, solicitudes de compensación o de pago en especie. El segundo, la prohibición de iniciar el procedimiento de apremio cuando haya un recurso de reposición pendiente de resolución, aunque no se haya pedido la suspensión del acto. Se analiza luego la reacción del legislador en ámbitos afectados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo para, finalmente, proponer una serie de criterios para dotar de mayor coherencia al ejercicio de las potestades de recauación.
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