Resumen de Colombian legal formalism or how to prevent the protection of public interest in public-private arbitration
- español
El arbitraje en Colombia se basa en un antiguo formalismo legal estricto que ha trasplantado, transformado y mezclado, legados legales españoles y romanos con la exégesis francesa, y la jurisprudencia alemana de conceptos en su sistema legal. Este artículo describe cómo el formalismo jurídico colombiano ha limitado la protección del interés público en los procedimientos arbitrales, tal y como se establece en la Constitución colombiana de 1991. También mostrará cómo esto ha infundido el derecho administrativo y principalmente el derecho procesal a través del tiempo, donde el formalismo es más estricto, lleno de tecnicismos retóricos inútiles, lo que resulta en privilegiar el interés privado sobre el público a pesar de la disposición constitucional para salvaguardar el interés público sobre el privado. Afirmo también que la protección del interés público se enuncia grandilocuentemente en la Constitución y en el derecho administrativo, pero con un efecto práctico limitado. En consecuencia, cada fase del arbitraje público-privado está profusamente regulada por un régimen arbitral y varias secciones del código de procedimiento, el código de procedimiento administrativo y el código de funcionarios públicos, pero ninguno es eficaz para dar cuenta de la protección del interés público. En lugar de proteger el interés público, todas esas reglamentaciones, compiladas bajo la influencia de la cultura jurídica textualista, constituyen barreras para su consecución, por lo que el derecho administrativo lo deja desprotegido.
- English
Arbitration in Colombia is based on an ancient stringent legal formalism that has transplanted, transformed, and mixed, Spanish and Roman laws and legacies with French exegesis. It has also been based on German jurisprudence. This paper describes how Colombian legal formalism has limited the protection of public interests in arbitral proceedings as provided in the 1991 Colombian Constitution. It also shows how it has infused Administrative Law and mainly Procedural Law over time, where formalism is more stringent, and full of useless rhetorical technicalities. As a result, it has privileged the private interest over the public one despite the Constitutional provision to safeguard the public interest over private one. The protection of the public interest is grandiloquently stated in the constitution and in administrative law but with limited practical effect. Consequently, each phase in public private arbitration is lavishly regulated by an arbitral regime and several sections of the procedure code, the administrative procedure code and the public officials code, but none are effective at protecting the public interest. Instead of protecting the public interest, all the regulations compiled under the influence of the textualist legal culture, constitute barriers to achieving it and thus administrative law leaves it unprotected.
