En un contexto normativo que impone avanzar hacia unos servicios públicos predominantemente digitales, el suministro de acceso a Internet a la ciudadanía por parte de las Administraciones públicas, con carácter accesorio o complementario a dichos servicios públicos, ha sido un tema controvertido y de difícil encaje en una normativa sectorial de telecomunicaciones, más orientada a la protección de la libre competencia. El presente trabajo pretende analizar la evolución del tratamiento regulatorio de esta materia hasta la actual Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, ley que supone un gran avance en este sentido.
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