El recién estrenado Gobierno de Gustavo Petro se ha propuesto como objetivo acabar con la violencia estructural en Colombia y construir la «paz total».
Terminar con las agresiones y los homicidios contra los defensores de los derechos humanos es uno de los imperativos a los que debe hacer frente el nuevo presidente, por lo que algunas de las primeras medidas tomadas por su Gobierno van en este sentido.
Proteger a los defensores de los derechos humanos no es solo un imperativo moral y una obligación del Estado –amparada por la legislación nacional e internacional–, sino que es también una condición para la gobernabilidad del territorio y la construcción de la paz.
Petro se enfrenta a un contexto socioeconómico difícil, con muchos actores involucrados, una trama de complicidades e intereses contrapuestos y una sociedad fragmentada. En las primeras semanas de gobierno, sin embargo, el nuevo presidente ha mostrado voluntad política y una ambición efectiva para la «paz total», aunque para lograrla va a necesitar también medios materiales y una sociedad civil comprometida con el proyecto.
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