En la medida en que un Estado democrático tenga limitada seriamente su soberanía, como es el caso de España, las consecuencias sistémicas en el ámbito de la política significan una regresión que ha de suscitar algo distinto, una distorsión del sistema político. El Estado español tiene limitada su soberanía económica por la Unión Europea, que únicamente le permite un gobierno económico menor, de detalle, pero no ser independiente en la determinación de su política económica general: la fiscalidad, la intervención política del mercado, las empresas públicas, la deuda externa —elementos básicos de la política económica general—, entre otras cosas, no se hallan en sus manos, sino en las de la dirección política (no elegida por las poblaciones europeas) de la UE.
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