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En las últimas semanas ha habido controversia en torno a la afiliación múltiple debido a varios escándalos surgidos en el ámbito científico español. En España, esta práctica no está regulada y es incompatible con la exclusividad que exige la administración pública a sus contratos a tiempo completo. En el artículo se analizan los aspectos positivos y negativos que tienen para las instituciones y para los académicos que llevan a cabo esta práctica. Igualmente, se realizan una serie de recomendaciones sobre cómo podrían las instituciones generar acuerdos donde todos los actores encuentren beneficio en una afiliación múltiple y a la vez eviten el fraude. Los autores del trabajo concluyen que esta práctica, desarrollada de manera honesta y pactada con las instituciones involucradas, promueve ventajas destacadas. En el caso español, se hace necesario regular estas prácticas dentro de las universidades públicas en el marco de convenios y acuerdos individuales.
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