Los procesos de la evaluación de la Educación Superior en los países de América Latina comenzaron a institucionalizarse a través de la creación de organismos públicos a partir de la década del noventa con la implementación de un conjunto de reformas que buscaban alcanzar diferentes dimensiones educativas y tuvieron distintos propósitos. El análisis comparado entre distintos casos nacionales, en este artículo sobre Argentina, Bolivia y Uruguay, pone de relieve las características que asumen y como inciden en los sistemas nacionales de educación superior. Si bien el objetivo explícito es el aseguramiento de la calidad, implícitamente aumenta la capacidad de regulación estatal sobre las universidades, siendo sobre todo este último punto el que planteó y sigue generando conflictos en torno a esta cuestión, y en particular, al papel que tienen las agencias de acreditación y a su avance sobre la autonomía universitaria. Paradójicamente, los procesos de evaluación promueven y estandarizan, a nivel mundial, un modelo de calidad única que favorece el mercado mundial de las grandes editoriales científicas y la competitividad de las principales universidades de investigación estadounidenses y europeas. Y este desplazamiento de poder hacia el mercado internacional es promovido por los Estados a través de las políticas de aseguramiento de la calidad y por las propias universidades a través de la práctica de la evaluación
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