A través del presente artículo se examina la reciente sentencia del Tribunal Supremo, a través de la cual el Alto Tribunal matiza la doctrina que había establecido sobre la sanción pertinente por estancia irregular del extranjero en el país, ex art. 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (LA LEY 126/2000), como consecuencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de marzo de 2022 —asunto C-409/20— (LA LEY 18545/2022).
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