La aplicación de los principios y garantías penales en el procedimiento administrativo-sancionador y, más concretamente, en el procedimiento disciplinario militar ha sido una cuestión debatida. La no traslación completa de los mismos ha dado lugar a la llamada aplicación «adecuada» de los principios. Entre estas situaciones, encontramos la especial consideración que implica el tratamiento del derecho de asistencia letrada. Al no extrapolarse plenamente el constitucionalmente consagrado derecho a la defensa, el encartado puede contar con el asesoramiento de abogado en ejercicio o militar. Ello da lugar, desde el punto de vista práctico, a determinadas problemáticas, especialmente en el ámbito de las notificaciones, así como a la necesidad de designación formal.
The application of criminal principles and guarantees in the administrative sanction proceedings, and more specifically, in the military disciplinary proceedings has been a conroversial issue. The complete non-tion of these has led to the so-called “proper” application of the principles.
Among these situations, we find the special consideration implied by the treatment of the right to legal assistance. Since the constitutional right to defence is not fully extrapolated, the accused may rely on the advice of a practicing lawyer or a military officer. From a practical point of view, this raises certain problems, in particular with regard to notificatios and the need for formal designation
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados