La sentencia examina el alcance del acceso del empresario a los dispositivos electrónicos facilitados a sus trabajadores. Entiende superada la doctrina tradicional en materia de correos electrónicos para examinar la cuestión desde la perspectiva del Derecho al entorno digital. Mantiene una solución unitaria con otros ordenamientos y plantea el uso del test Barbulescu. Se incluye una advertencia final
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