La Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la Orden Europea de Protección, supuso un paso más en la materialización del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones judiciales penales. Traspuesta a nuestro Ordenamiento jurídico en la Ley 23/2014 de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, entraña un gran avance en la tutela de las víctimas de delito, por cuanto permite que las medidas de protección acordadas en un Estado en relación a las mismas puedan extender su eficacia a otro u otros Estados miembros, contribuyendo a la constitución efectiva de un espacio de libertad, seguridad y justicia en los términos establecidos tras la aprobación del Tratado de Lisboa.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados