La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998 de 13 de julio realiza un esfuerzo por mejorar la regulación de los recursos que impugnan las disposiciones generales, buscando someterlas al control judicial, si bien otorgando esa función a un solo órgano jurisdiccional que conocerá, bien directamente de su legalidad, o bien indirectamente, a través de un proceso similar a la cuestión de inconstitucionalidad. No obstante, la regulación, aun escasa, de esta doble vía ha dado lugar a un buen número de interrogantes, agravadas posteriormente por la configuración que la jurisprudencia ha dado al término “disposición general”
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