Resumen de Función social de la propiedad, vivienda adecuada y derecho internacional de los derechos humanos

Koldo Casla Salazar

• español

  Este artículo analiza el valor añadido de un enfoque amplio de los derechos humanos con el fin de obtener un mayor equilibrio en la relación entre el derecho a la vivienda adecuada del arrendatario y el derecho a la propiedad del arrendador. En primer lugar, el artículo brevemente expone de qué forma los tratados de derechos humanos y los órganos internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales (DESC) han abordado, o decidido no abordar, el derecho a la propiedad. Segundo, introduce el derecho a la vivienda tal y como es proclamado en el derecho internacional de los derechos humanos. En tercer lugar, defiende que la comunidad de derechos humanos, particularmente la dedicada a los DESC – entre los que se encuentra la vivienda – debería prestar más atención al derecho a la propiedad. Finalmente, el texto articula los comienzos de una propuesta para reinterpretar el derecho a la propiedad y su función social desde una óptica holística de los derechos humanos, que debe tomar en serio el derecho a la vivienda y otros derechos socioeconómicos.

• English

  This paper introduces the added value of a broad approach to human rights to balance the relationship between tenant’s right to adequate housing and landlord’s right to property. Firstly, it presents briefly how international human rights law treaties and monitoring bodies have dealt with, and chosen not to deal with, the right to property. Secondly, it introduces the right to adequate housing as proclaimed as a social right in international human rights law. Third, it argues that the human rights community, particularly those working on economic, social and cultural rights – such as housing – should engage with the right to property directly. Finally, the paper articulates the beginnings of a proposal to reinterpret property and its social function from a holistic approach to human rights, one that takes adequate housing and other socio-economic rights seriously when holding public authorities to account.