Por decreto del 6 de agosto de 1842 los indígenas benianos adquirieron la categoría de ciudadanos que, además de otorgarles derechos de propiedad, igualdad y libertad, también propició su incorporación como mano de obra a las actividades económicas y comerciales controladas por los grupos blanco-mestizos que, progresivamente, se desplazaron a la región. La historiografía existente sobre el proceso pone énfasis en la ineficacia del decreto. Por el contrario, el análisis de la legislación estatal y los documentos relativos a la contratación de tripulaciones, nos permite sostener que una parte de la población indígena dedicada al transporte fluvial y las autoridades públicas de la prefectura intentaron conciliar las garantías constitucionales de la población nativa con el desarrollo económico de la región.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados