La jurisprudencia dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en 2018, en materia de modificación judicial de la capacidad, contribuye a consolidar en nuestro ordenamiento jurídico lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, aprobada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por el Estado español, mostrando como el Alto Tribunal, en esta materia, ha sabido acercarse a una realidad social que no resulta sencilla de entender, dejando patente que el incapaz pueda necesitar distintos grados de protección, siendo la curatela la medida que mejor acomodo encuentra con la Convención. No obstante, se encuentra en tramitación el Anteproyecto de Ley de reforma del derecho civil en materia de discapacidad, con el fin de eliminar la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual, que prevé la reforma del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la del Registro Civil y la ley de Jurisdicción Voluntaria.
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