Dentro del ejercicio del derecho procesal constitucional, al igual que la división principal del derecho en derecho público y privado, existe también una parte que es ejercida por los particulares y otra que es aplicada por el estado, en el presente artículo presentaremos de forma breve los medios de los que disponemos como ciudadanos para defender nuestros derechos humanos. Esta parte por decirlo de alguna manera privada su fundamento radica en la figura tan rica y de gran amplitud que comprende el juicio de amparo, partiremos en el análisis de lo que en México conocemos como juicio de amparo, que tiene sus precedentes en una unificación del juicio de garantías constitucionales, ahora llamado en Europa juicio de derechos fundamentales, el cual se integró en nuestro país tras una modificación mediante una reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2011 y que se materializó con una nueva Ley de Amparo publicada el 2 de abril de 2013. El juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad, concreto, por vía de acción, de carácter jurisdiccional, que protege los derechos humanos por normas generales, omisiones o actos provenientes de la autoridad o de particulares (cuando éstos actúen en calidad de poder público). Partiendo de la clasificación realizada por el maestro Héctor Fix Zamudio, pasemos a analizar el derecho procesal constitucional de libertad.
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