Últimamente algunos Juzgados de Primera Instancia están amparando demandas formuladas por algunas empresas cesionarias de facturas que pretenden conseguir por esa vía (civil) el abono de facturas derivadas de contratos administrativos y —lo más frecuente— intereses de demora y costes de cobro con amparo en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En el presente trabajo intentamos demostrar que tal modus operandi no es ajustado a Derecho y debería reaccionarse contra el mismo.
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