Los datos fiscales de los que conocen los empleados en razón de su trabajo pueden ser utilizados por la hacienda pública para sustentar una sanción tributaria: comentario de la STS, sala de lo contencioso, no 722/2023, de 29 de mayo de 2023. Rec. 5321/2021 (LA LEY 104840/2023)

• Manuel Richard González ^[1]
  1. [1] Profesor Titular de Derecho Procesal UPNA
• Localización: La Ley Probática, ISSN-e 2660-4191, Nº. 13, 2023
• Idioma: español
• Texto completo no disponible (Saber más ...)
• Resumen
  • español

    La STS 722/2023 se pronuncia con relación a la licitud del uso de datos y documentación con trascendencia fiscal facilitados por un trabajador a la Hacienda Pública. Se trata de un supuesto en el que se aplica la doctrina contenida en las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en el caso Falciani. En su virtud es criterio del Tribunal Supremo que los datos así proporcionados sólo serán ilícitos cuando se hubiere violado un derecho fundamental y del juicio de ponderación resultase la efectiva afectación del derecho fundamental del afectado. Todo ello sin perjuicio de la protección que se concede al denunciante de esta clase de hechos en LO 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

  • English

    The Supreme Court ruling n.º 722/2023 pronounces on the lawfulness of the use of data and documentation with tax implications provided by a worker to the Public Treasury. This is a case in which the doctrine contained in the successive rulings of the Supreme Court and the Constitutional Court in the Falciani case is applied. By virtue of this, it is the Supreme Court's criterion that the data provided in this way will only be unlawful when a fundamental right has been violated and the weighing of the evidence shows that the fundamental right of the affected party has been effectively affected. All this is without prejudice to the protection granted to the whistleblower in LO 2/2023, of 20 February, regulating the protection of persons who report regulatory infringements and the fight against corruption.