Al conmemorar tres décadas de la Carta de 1991 este aporte destaca en lo ambiental el desarrollo legal y jurisprudencial de la acción popular, como el mecanismo procesal por excelencia para la protección de los derechos e intereses colectivos. Se estudian las características con las cuales se incorpora en la legislación especial de 1998 y luego en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso en el año 2011 como medio de control jurisdiccional con referencias bibliográficas a las principales fuentes doctrinales. Hace un análisis de su caracterización desde la jurisprudencia con casos de importancia jurídica y social. Así, se demuestran los notorios avances que en Colombia se dan en la protección de esta especie de derechos y que esos derechos ambientales se hacen indispensables para la sostenibilidad del Estado social y la supervivencia humana. Con ello, como toda acción del llamado nuevo derecho y de naturaleza pretoriana por sus amplios márgenes de discrecionalidad, incide en derechos adquiridos o situaciones jurídicas previamente establecidas y de ahí que también la protección ambiental requiere de marcos de seguridad jurídica.
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