Lo dijo muy claramente el ministro Boyer en el Congreso de los Diputados, Lo ratificó con mayor claridad si cabe el Gobierno en las páginas del BOE. Con fecha de 23 de febrero de 1983, el Real Decreto de expropiación de Rumasa rezaba textualmente en su exposición de motivos: "El Gobierno, considerando de utilidad pública e interés social la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores..."
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