La ley 2/2023 de protección de las personas que informen sobre infracciones ha establecido una relación entre los canales de información de tales infracciones entre sí y de ellos con la alternativa de revelación pública que tiene una gran incidencia en las relaciones laborales y para la persona trabajadora como principal whistleblower. Aunque en principio la ley le da “preferencia” al canal interno, lo cierto es que las otras dos vías de comunicación que contempla aquella ley pueden ser utilizadas sin necesidad de acudir a la interna. Esta limitación de la prioridad legal del canal interno hace que su uso preferente por la persona trabajadora dependa en gran medida de la cultura que la empleadora desarrolle en el seno de su organización sobre la importancia que le otorga al respeto a las normas, a la ausencia de represalias y a la valoración positiva del informante de buena fe.
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