Reconociendo su importancia, el derecho a una buena administración pública fue consagrado por primera vez en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En Chile, si bien este derecho no ha sido reconocido de forma explícita, la sistematización de nuestro ordenamiento jurídico y del derecho administrativo en particular, permite reconocer los principios que lo conforman, los cuales han sido aplicados ampliamente por la jurisprudencia tanto administrativa como judicial. En este sentido, resulta interesante analizar dos sentencias recientes de la Corte Suprema que parecen reconocer, de forma casi explícita, este derecho a una buena administración.
Recognizing its importance, the right to good Administration was conse-crated for the first time in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. In Chile, this right has not been explicitly recognized, however, the systematization of our legal system and administrative law in particular, allows us to recognize the principles that comprise it, which have been widely applied by both administrative and judicial jurisprudence. In this sense, it is interesting to analyse two recent judgments of the Supreme Court, which seem to recognize, almost explicitly, this right to good Administration.
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