El Decreto-Ley 5/2023 contiene una serie de medidas de índole procesal, que provienen del caducado proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal. Las que conciernen a la casación contencioso-administrativa se adoptan tardíamente y son fruto de las reiteradas y fundamentadas peticiones que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo hizo al Ministerio de Justicia.
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