Ecuador es un Estado constitucional, soberano y garantista de derechos vincu-lados a la dignidad de las personas. A su vez, está obligado a detener todo tipo de violaciones cometidas por jueces y fiscales que basan su accionar en una simple noticia criminis o meras presunciones. Por ende, un Estado constitucional de derechos y justicia va más allá de la priva-ción de la libertad. Como consecuencia, es necesario conocer estos pormenores a fin de evitar un uso doloso de la privación de la libertad, o que se pretenda amedrentar a ciudadanos inocentes que, ante el desconocimiento, se pueda atentar a su inocencia transgrediendo garantías funda-mentales propias del procesado con una ejecución anticipada que la pena misma trae consigo. Por tanto, la prisión preventiva no sólo atenta contra las normas ecuatorianas y de derechos humanos, sino que atenta contra el bien más preciado otorgado al ser humano; su libertad.
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