Inteligencia Artificial, riesgo,: Justicia penal y ciudadanía,¿felices los cuatro?

• África María Morales Moreno ^[1]
  1. [1] Universidad de Córdoba

     Universidad de Córdoba

     Cordoba, España

     
• Localización: El arte de investigar: Córdoba, del 3 al 6 de mayo de 2022 / Inmaculada Luque Moreno (dir. congr.), 2022, ISBN 978-84-9927-712-7, págs. 551-555
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    La irrupción que las prácticas basadas en la evidencia, la automatización de decisionesy la inteligencia artificial han tenido en nuestra sociedad también haalcanzado al sistema de justicia penal. Jueces y operadores jurídicos comienzana interactuar con este tipo de herramientas aún sin tener la información suficientesobre su modo de empleo ni sobre el impacto que realmente pueden llegar atener. Todo ello, unido a la falta de regulación legal y de requisitos éticos parasu utilización, parece estar generando entre la ciudadanía controversias, críticase incluso cierto rechazo hacia la implementación de tales tecnologías. Con unamuestra de 359 participantes, este estudio ofrece una primera aproximación al grado de aceptación ciudadana que existe en relación con el uso de la inteligenciaartificial para la toma de decisiones jurídico-penales. Los resultados obtenidosapuntan a que tal nivel de aceptación es bajo, lo cual abre camino al debate sobrequé condiciones y límites deben imponerse para que la aplicación de estas tecnologíassea legítima y acorde a los principios de todo Estado social, democrático yde Derecho.

  • English

    The irruption that evidence-based practices, decision automation and artificialintelligence have had in our society has also reached the criminal justice system.Judges and legal operators are already interacting with these types of toolswithout having sufficient information about how they are used or the impact theycan really have. All of this, together with the lack of legal regulation and ethicalrequirements for their use, seems to be generating controversy, criticism and evena certain rejection of the implementation of these technologies among citizens.With a sample of 359 participants, this study offers a first approximation of thedegree of public acceptance of the use of artificial intelligence in legal-criminaldecision-making. The results obtained suggest that this level of acceptance is low,which opens the way for a debate on what conditions and limits should be imposedfor the application of these technologies to be legitimate and in accordance withthe principles of any social, democratic and rule of law state